Angélica Griselda González Barreras
Adriana Nasta Sentíes
Estudiantes de cuarto semestre de la licenciatura en Pedagogía
SUA. FFL. UNAM |
Los migrantes jornaleros
Las golondrinas son aves de excelente vuelo que abandonan los climas templados
en septiembre-octubre y se dirigen hacia el sur, regresando en marzo-bril.
Debido a la conducta migratoria de estas aves, se ha aplicado a un grupo social
de nuestro país el sobrenombre de “golondrinos”.
Los golondrinos son grupos de trabajadores jornaleros que, al igual que estas
aves, realizan migraciones o desplazamientos estacionales de una región a otra
dentro de México. Este grupo social está representado, en gran medida, por familias
jornaleras que constantemente transitan entre las zonas de producción agrícola
durante varios ciclos y con regresos esporádicos a sus lugares de origen.
Asimismo, dentro de este grupo social podemos encontrar grupos de trabajadores
jornaleros que por las características de su desplazamiento se les llama “pendulares”;
se trata de aquellos cuya migración la realizan durante un ciclo agrícola
hacia los mercados de trabajo y, al término del cual, regresan a su lugar de origen.
Finalmente, existe un tercer grupo de jornaleros que tienen como característica el
hecho de que su desplazamiento lo realizan dentro de un mismo estado y durante
períodos que dependen del tipo de productos que cosechan; este último grupo
es conocido como “migrantes regionales”.
El fenómeno migratorio interno en
nuestro país es una realidad que por
desgracia pocos advierten, lo cual se
evidencia en su complicada situación
social. La región noroeste del país, que
abarca los estados de Baja California,
Baja California Sur, Chihuahua, Sonora
y Sinaloa, actualmente comprende
una región que ha alcanzado un
importante desarrollo industrial y económico.
Particularmente Sinaloa, hoy
en día, representa uno de los estados
con inversiones de capital nacional y
extranjero en potencia; aunado a sus
propias actividades económicas como
la pesca, el turismo, sus maquiladoras
e industria pesada, cuenta con tres
presas que garantizan la explotación
de productos agrícolas que significan
la actividad básica del estado, además
de un importante ingreso de divisas,
ya que una gran parte de su producción
agrícola está destinada a cubrir
las necesidades del mercado estadounidense.
Pero mantener la preeminencia de la
región requiere de mano de obra en
considerable número que se consigue
en otros estados, lo que generó, y
en los últimos años ha acrecentado
en forma notable, la migración de
grupos de población indígena provenientes
principalmente de los estados
de Oaxaca y Guerrero; sin embargo,
también hay una importante
migración regional de mestizos de la
Sierra Madre Occidental.
Entre el derecho y la violación al
derecho
Esta diversidad migratoria da origen
a distintas problemáticas, entre ellas
la referente al servicio educativo, que
si bien es un derecho constitucional
de todos los niños y las niñas mexicanas,
la realidad los enfrenta a otras circunstancias
desde muy temprana
edad, al formar parte de un grupo
minoritario.
La existencia de minorías, por desgracia,
representa un hecho histórico
humano, pero que se ha convertido
en uno de los fenómenos sociales
contemporáneos más delicados e
intensos. En este sentido, la diversidad
cultural caracteriza uno de los más
importantes desafíos en un siglo y un
mundo donde sucesos de tipo político,
económico y social pueden conjuntarse
para provocar desplazamientos
humanos que requieren especial
atención y mayor respeto por la diversidad
de quienes se ven obligados a
salir de sus lugares de origen.
En este sentido, aunado al hecho de
que los jornaleros migrantes no sólo
son hombres y mujeres, sino también
niños, niñas y jóvenes que se desplazan
en conjuntos familiares para
buscar el trabajo que no encuentran
en sus lugares de nacimiento y que
les permita, muchas veces, vivir al día,
se añaden otros problemas sociales
como la marginación, la pobreza, la
discriminación, la desigualdad y la
situación de vulnerabilidad, que
viven tanto en el seno de este sector
social, como fuera de él al formar
parte de la sociedad mexicana; esto,
para muchos de ellos, es significativo
pues no sólo resultan ser violentados
en sus derechos por la propia sociedad
mexicana, sino también dentro
de los campamentos donde trabajan
y conviven con gente de diversas
regiones y, además, no pocas veces,
en su propio núcleo familiar.
Los niños y niñas jornaleros migrantes,
viven día a día en situación de
vulnerabilidad por sus propias condiciones
de pobreza, por su origen étnico,
por su edad, por su género y, a
veces, por su discapacidad. Estos factores
los ponen en condiciones de
mayor indefensión para hacer frente
a los problemas que se presentan en
su vida diaria y evidentemente no
cuentan con los recursos necesarios
para hacer efectivos sus derechos y
libertades, tanto formales como
materiales.
Si bien es cierto que la migración
interna en nuestro país no es un fenómeno
reciente y ha requerido de un
conjunto de iniciativas y programas
gubernamentales que han sido
impulsados, sobre todo, en las dos
últimas décadas con el propósito de
dar respuesta a la problemática de la
población jornalera migrante, también
es cierto que la situación de esta
población padece por el abandono e
indolencia generalizado que se agrava
como reflejo de la situación social,
económica y política del país.
En el ámbito educativo, a pesar de la
existencia de un marco legal nacional
e internacional que niega el trabajo
infantil y la obligatoriedad del Estado
de proporcionar educación a los
niños, niñas y jóvenes del país, iniciado
el siglo XXI resulta ignominioso
encontrar a una niñez trabajando en
diversos espacios públicos y privados,
en el mejor de los casos, ya que
también sabemos del trabajo infantil
clandestino en nuestro país, tal es el
caso de la Explotación Sexual Comercial
Infantil (ESCI).
Por una parte, el derecho a la educación
se encuentra contenido en los
llamados Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (DESC), que
constituyen un grupo de derechos
distinto a los derechos individuales o
civiles y a los derechos del ciudadano
o políticos. Es decir, esta clase de
derechos buscan asegurar condiciones
de vida digna para todos y acceso
adecuado a los bienes materiales y
culturales, basados en los valores de
igualdad y solidaridad.
En este sentido, los DESC implican obligaciones
de hacer por parte del Estado,
a favor de todos y cada uno de los
miembros de una sociedad.Sinembargo,
cabe destacar que estos derechos
no implican demandas directa e inmediatamente
exigibles, sino que tan sólo
significan un programa de acción, que
cuando mucho, legitiman las pretensiones
y reclamaciones que sus titulares
pueden llegar a ejercer sobre los
diferentes órganos del poder público,
tales como un Plan Nacional de Trabajo
o políticas públicas.
La justiciabilidad de los DESC, entendido
este concepto como la posibilidad
de acudir a un tribunal de justicia,
local o internacional, para
reclamar el cumplimiento de los
derechos cuando son vulnerados, se
presenta, no obstante, en forma muy
diferente a la exigibilidad o justiciabilidad
de los Derechos Civiles o Políticos
(DCP), a pesar de los progresos
que se pueden apreciar en los últimos
años. Esto es, la aplicación de los
Derechos Civiles y Políticos es inmediata,
en tanto que la aplicación de
los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales se hace de manera progresiva,
lo cual, ha sido motivo de
muchos malos entendidos y, en gran
medida, de una cierta inocuidad de
los Estados que interpretan este artículo, en ocasiones, de forma equivocada
y con la idea de que no crea
ninguna obligación inmediata.
En materia de educación, el marco
legal nacional e internacional contempla
la regulación al derecho a la
educación de la niñez y, en el caso de
los instrumentos internacionales,
México se compromete a aplicarlos
desde el momento de su firma.
Marginación, discriminación, pobreza,
situación de vulnerabilidad de los
niños y niñas migrantes como minoría
y justiciabilidad de su derecho a la
educación como derecho social, son
aspectos a los que se enfrenta día a
día el Programa Educación Primaria
para Niños y Niñas Migrantes
(PRONIM), de la SEP, que tiene como
propósito diseñar,operar y evaluar un
modelo educativo que asegure una
educación primaria con equidad en la
cobertura y en la calidad del servicio,
para la población infantil de familias
jornaleras agrícolas migrantes.
El Programa Nacional de Educación
2001-2006 (PRONAE) estableció,
como una tarea a favor de los grupos
vulnerables, ofrecer una educación
básica de calidad a los hijos e hijas de
jornaleros agrícolas migrantes a partir
del diseño, puesta en marcha y
evaluación permanente de una propuesta
educativa que se adecue a sus
necesidades, características y condiciones
de vida.
Para ello, el Programa se ha planteado
un conjunto de acciones que buscan:
a) asegurar la operación de un servicio
educativo de calidad, basado en el
desarrollo de contenidos curriculares
básicos adaptados a las características
y necesidades de la población
infantil migrante, b) el ajuste de los
ciclos y periodos escolares a los tiempos
de permanencia en los lugares de
origen o de atracción, c) el mejoramiento
de los sistemas de información
y d) la adaptación de los métodos
de evaluación, acreditación y
certificación para asegurar la permanencia
y continuidad de los alumnos
en cualquier modalidad del Sistema
Educativo Nacional, así como e) la
coordinación institucional y social,
pública y privada, que permita una
atención integral a las niñas y niños
migrantes.
Asimismo, el Programa ha operado
en torno a las siguientes líneas de
acción:
a. El diseño de una propuesta curricular,
que considera las condiciones de
vida de esta población.
b. La formación docente con un enfoque
intercultural y de trabajo multigrado.
c. Seguimiento y evaluación que asegure
la continuidad y el egreso de los
niños migrantes.
d. Gestión institucional para coordinar
esfuerzos y ofrecer servicios integrales
a esta población.
Pero además las situaciones ya
expuestas, habrá que añadir que el
PRONIM enfrenta la complejidad cultural
que involucra la convivencia
intercultural en los campamentos
agrícolas, así como la “buena voluntad”
de empresarios agrícolas y de las
diferentes instancias educativas estatales;
además de la condescendencia
de cada Gobierno de la República
que tiene bajo su responsabilidad el
proporcionar servicio educativo conforme
a la ley, pero que amparándose
en la descentralización educativa, se
niegan a ofrecer este servicio a niños
y niñas que no pertenecen a la región
donde se desplazan y asientan por un
ciclo agrícola.
Habrá que considerar, en este sentido,
que la vulnerabilidad de los niños
y niñas jornaleros agrícolas migrantes,
es un hecho que los mexicanos
hemos propiciado.
El reto está en sensibilizar, informar y
difundir el hecho de que los niños y
niñas jornaleros migrantes tienen
derecho, entre otros, a recibir educación
simplemente por el hecho de ser
mexicanos.
Conclusiones
El Programa Nacional de Educación
2001-2006 (PRONAE) estableció,
como una tarea a favor de los grupos
vulnerables, ofrecer una educación
básica de calidad a los hijos e hijas de
jornaleros agrícolas migrantes a partir
del diseño, puesta en marcha y
evaluación permanente de una propuesta
educativa que se adecue a sus
necesidades, características y condiciones
de vida. Para contribuir al
logro de este objetivo, la Subsecretaría
de Educación Básica (SEB), a través
de la Dirección General de Desarrollo
de la Gestión e Innovación Educativa
(DGDGIE), ha desarrollado el Programa
Educación Primaria para Niñas y
Niños Migrantes (PRONIM), con el
propósito de diseñar,operar y evaluar
un modelo educativo, que asegure
una educación primaria con equidad
en la cobertura y en la calidad del servicio,
para la población infantil de
familias jornaleras agrícolas migrantes,
a través de la coordinación de
esfuerzos interinstitucionales, federales
y estatales, sociales y privados.
El Programa se ha planteado un conjunto
de acciones que buscan: a) asegurar
la operación de un servicio
educativo de calidad, basado en el
desarrollo de contenidos curriculares
básicos adaptados a las características
y necesidades de la población
infantil migrante, b) el ajuste de los
ciclos y periodos escolares a los tiempos
de permanencia en los lugares de
origen o de atracción, c) el mejoramiento
de los sistemas de información
y d) la adaptación de los métodos
de evaluación, acreditación y
certificación para asegurar la permanencia
y continuidad de los alumnos
en cualquier modalidad del Sistema
Educativo Nacional, así como e) la
coordinación institucional y social,
pública y privada, que permita una
atención integral a las niñas y niños
migrantes.
No obstante, el trabajo del PRONIM
resulta arduo debido a los diferentes
factores culturales, sociales, económicos
y políticos que se encuentran
involucrados. Por ejemplo, consideramos
que se deben tomar acciones
que no sólo tienen que ver con la
mejora de la atención educativa de
los menores, sino que también se
debe promover que éstos asistan a la
escuela, garantizar su asistencia y su
permanencia en ella el tiempo establecido
por el programa.
Para lograr lo anterior, se debe contar
con un programa social que compense
a las familias por los ingresos que
deberán dejar de recibir por el trabajo
del niño; pero esto implica un
periodo de transición considerable,
además de un importante trabajo
con los padres.
Para lograr los objetivos planteados
por el PRONIM, además se requiere
de la actualización de los profesores
que debe incluir una formación en
aspectos de educación intercultural y
en el conocimiento de las culturas
indígenas que representan de manera
común sus estudiantes.
Esto, entre muchas otras situaciones
más que se deben analizar y solucionar
en la medida de lo posible, pero
que por desgracia entretejen la complejidad
que envuelve a este grupo
social.
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