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Educación para Todos

Itroducción
Si bien el título de la presente colaboración fue utilizado como eslogan por alguno de los gobiernos de la segunda mitad el siglo pasado, representa también una aspiración válida y valiosa de toda sociedad democrática. Garantizar el acceso a la educación a todos los miembros de la sociedad es obligación irrenunciable del Estado y derecho inalienable de los ciudadanos.

El acceso universal a la educación implica, desde luego, que bajo ninguna circunstancia se excluya a alguno de sus miembros o algún sector de la sociedad. En las sociedades democráticas no existe razón de carácter social, económico, cultural o geográfico que justifique la negativa o impedimento a la educación.

De la misma forma, la educación que se brinda a los ciudadanos o futuros ciudadanos debe poseer los mismos niveles de calidad (los más altos posibles) y perseguir los mismos ideales de libertad, justicia, igualdad, respeto y equidad que dan esencia y naturaleza a la vida social en democracia. Sin hacer distinción de ningún orden.

Nos enseña Sartori, cómo podemos entender la democracia en su perspectiva social “…es Bryce quien mejor representa la democracia como ethos, como un modo de vivir y convivir y, en consecuencia, como una condición general de la sociedad [que] revela una sociedad cuyo ethos exige a sus propios miembros, verse y tratarse socialmente como iguales”.

Asumiendo que la democracia es una forma en que se viven las relaciones sociales y no sólo una forma de gobierno -ya que la segunda esta implicada en la primera- presenta algunas consideraciones que se deben vincular con el ideal democrático de brindar educación para todos en las mismas condiciones y bajo los mismos principios.

La atención a ese ideal presenta interrogantes que han sido objeto de debate a lo largo de nuestra historia ¿se puede atender igual a los desiguales? ¿La atención diferencial contribuirá a la igualdad de oportunidades o tenderá a segmentar cada vez más a la sociedad? ¿La educación en su afán democratizador homogeniza, transgrediendo las particularidades? ¿Es la educación el medio para superar las condiciones de injusticia, desigualdad y pobreza que azotan a los sectores más amplios de la población? Estas cuestiones y otras más están presentes en el quehacer educativo actual. Sólo desde dos perspectivas trataremos de abordar el problema, sabiendo que son muchos más los factores y variables que forman el entramado de la relación entre educación y democracia.

Política educativa
De acuerdo con la información oficial existen en el país casi 6 millones de mexicanos que no saben leer ni escribir, es decir poco más del 8 % de la población. El 14.5 % no ha concluido la primaria y el 21.7% se encuentra sin concluir la secundaria.

Estos indicadores dan muestra del alarmante rezago educativo que prevalece en nuestro país, la situación se torna más compleja y alarmante si se hace referencia a los índices de calidad, son más que conocidos y comentados los resultados de las pruebas de la OCDE e incluso los de la oficialista prueba ENLACE. No puede hablarse de democracia con estos niveles educativos, cobertura y calidad son factores indisolubles y los primeros en una educación en democracia.

Las políticas públicas en materia educativa deben tender en una primera instancia a satisfacer la demanda educativa y reducir el rezago educativo, para ello se debe contar con presupuesto suficiente y actuación eficiente de los actores educativos. Ambos asuntos regularmente parecen buenas intenciones y no acciones necesarias; pues bien, sin ello nada será posible para alcanzar las metas educativas.

En un país cuya realidad multicultural es innegable. es necesario instrumentar políticas que respondan a la naturaleza de los distintos grupos sociales y que a su vez respondan a la idea de Nación que tenemos los mexicanos. Un ejemplo muy claro lo presenta la educación indígena, en los inicios del siglo pasado, al crear la Secretaría de Educación Pública, Vasconcelos asegura que el departamento encargado de atender ese sector de la población será provisional ya que en su concepción es necesario que los indígenas se integren y participen de los beneficios de la cultura “El indio no tiene otra puerta hacia el porvenir que la puerta de la cultura moderna, ni otro camino que el camino ya desbrozado de la civilización latina”. La políticas integracionistas, como la anterior, o las políticas aislacionistas como la sostenida en norteamérica en el siglo XIX y buena parte del siglo pasado, son políticas que hoy no tienen cabida. El reconocimiento, valoración y respeto de la naturaleza de los grupo sociales que conforman la Nación y paralelamente su incorporación a la vida social son factores que se deben considerar en un política educativa democrática.

La liberación de los pueblos sólo puede ser a través de la educación “la libertad sin conocimiento no es libertad, es pura apariencia”, por lo que su incorporación a la sociedad contemporánea tiene que darse por su incorporación a la sociedad del conocimiento, su aislamiento de este proceso será su condena al aislamiento y el retraso. Valido desde luego para todos los grupos culturales que conforman la sociedad.

Reconocimiento de la multiculturalidad, acceso a una educación de calidad, incorporación a la sociedad del conocimiento, presupuesto amplio y suficiente que se traduce en infraestructura adecuada para el proceso educativo y compromiso y eficiencia de los actores educativos –profesores y autoridades- son líneas indispensables en el diseño de la política pública en educación.

La convivencia de los subsistemas privado y público en la educación, puede verse históricamente como natural en nuestro país y hasta en cierto sentido deseable dada la incapacidad de atención del sector público; siempre y cuando esta convivencia no genere ciudadanos de primera y segunda clase, según se tenga la mayor calidad y pertinencia de la formación en uno u otro subsistema. Ya decíamos que el Estado no puede renunciar a su obligación de brindar educación a todos los ciudadanos, desde esta óptica no se justifica la existencia del subsistema particular, sin embargo impartir educación es una actividad lícita que puede realizar cualquier ciudadano, siempre que exista alguien que desee sus servicios por razones válidas. Pero esa educación no puede estar alejada de los principios y normas que regulan a la totalidad del sistema educativo. Uno de los subsistemas desde la perspectiva democrática no puede ser mejor que el otro, ambos deben ser excelentes y formar los ciudadanos que reclama la sociedad.

Notamos con preocupación la existencia de dos fenómenos peligrosos para la adecuada integración nacional: la percepción –en un sentido equivocado- del deterioro de la educación pública; otro, la inversión de grupos financieros nacionales y extranjeros en la educación -de manera más evidente en el nivel superior- grupos cuya finalidad es sólo la rentabilidad de la inversión. El control y supervisión de estas empresas, que esperemos no olviden que invierten en empresas educativas, requiere una política, regulación y supervisión precisa que no ceda ante el poder económico. Una carretera se puede reparar o rescatar de la quiebra financiera, una vida mal orientada es irreparable.

El artículo tercero de nuestra Constitución Política define claramente las aspiraciones sociales (lástima que sea más paradigmático que llevado a la realidad) acerca de la democracia en el sentido que aquí hemos tomado de Sartori. Además, reitera la obligatoriedad de la educación básica, la gratuidad, la laicidad, la lucha contra la ignorancia y la formación integral, le da al Estado la facultad de regular el contenido, planes y programas de la educación básica, siendo éste de observancia obligatoria en todo el país y por todos los actores.

Uniformar la educación básica para todos los mexicanos es facultad exclusiva del Estado, pero una educación que uniformiza no es democrática “Porque precisamente esta educación democrática es la que des-uniformiza haciendo de nosotros individuos autónomos y no meros sujetos sujetados por una educación informada e inducida”. Esta aparente contradicción debe resolverse en una política pública que, manteniendo el carácter nacional de la educación, responda en contenidos, planes y programas de estudios, metodología y recursos a las necesidades, naturaleza y características de los grupos culturales y del entorno social en que se desenvuelven.

Conclusiones
El Estado y los ciudadanos no pueden renunciar a la obligación y al derecho a la educación; por el contrario, es obligación de ambos vigilar y exigir su cumplimiento.

Educación y democracia son conceptos indisolubles en una sociedad que aspira a la libertad, la justicia y la igualdad.